(¿Amenaza a los derechos humanos? o ¿solución al problema de recaudación?)

Por: C.P.C. Y M.I. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

jvaldez@valdezvalenciaysocios.com

Consultor Fiscal

Ex Presidente de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C.

con motivo de la “nueva” fecha para la presentación del primer envío de lo que se ha hecho llamar como Contabilidad Electrónica, que no es otra cosa más que la presentación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y sus pólizas, nuevamente me vuelvo a inquietar en cuanto a si esto tiene buenos propósitos por parte de las Autoridades responsables que buscan inhibir las prácticas indebidas de evasión o elusión y con ello incrementar la recaudación o si sólo tiene tintes personales o políticos, en donde el Secretario de Hacienda o el Presidente del SAT y no se diga del Presidente de la República, buscan justificar su trabajo, darse a conocer o aspirar a alguna otra posición, situación que me motiva a preparar el presente artículo.

Primeramente es imprescindible analizar el comunicado que publica el SAT a través de su portal de internet, que actualmente se ha convertido en una manera fácil de legislar de manera ilegal, en la cual señala lo siguiente:

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa que con el fin de que los contribuyentes puedan tener el tiempo suficiente para integrar los archivos de su Contabilidad Electrónica relativos al catálogo de cuentas y la balanza de comprobación de los meses de enero y febrero, tendrán hasta el 30 de abril de 2015 para enviarlos.”

Esta breve nota no puede dejar de causarme molestia e impotencia, primeramente por la hora y día en que se hace saber a la comunicad, que fue a menos de 48 horas del anterior vencimiento (7 de abril), después de múltiples modificaciones y ampliaciones que se han dado desde su incorporación al Código Fiscal de la Federación el día 9 de diciembre de 2013 , lo que me parece totalmente absurdo y como dijo un prestigiado colega: “es inhumano, mantener a los contribuyentes, contadores, empresarios y a los Ciudadanos en general en un estado de preocupación e indefensión, intentando hacer lo que poco está en sus manos para cumplir con este mandamiento, para que finalmente por causas total y absolutamente imputables a la autoridad”. Todo esto por el simple hecho de no haber tenido la capacidad de recibir la información a través del buzón tributario, ya que todavía el día 7 de abril el sistema no estaba completamente habilitado para recibir esta información y después de todo justifican su ineptitud e incapacidad, manifestando su “bondad y comprensión”, para que el contribuyente tenga el tiempo suficiente para integrar los archivos en comento, mientras que éste presionado por la premura, invierte recursos materiales y humanos, además de estar preocupado y descuidando sus demás actividades profesionales y familiares con el afán de evitar sanciones.

Estamos en un país en vías de desarrollo, con una particular problemática económica, política, social y tecnológica, no obstante sexenios atrás se logró que México fuera incluido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde en materia fiscal México junto con Chile, que son los únicos países Latinoamericanos pertenecientes, son medidos con la misma vara y comparados con países como Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Suiza, Francia e Italia todos ellos con diferente cultura, economía, política etc., cosa de la que no estoy de acuerdo si tomamos en cuenta que en nuestro País la riqueza se concentra en unos pocos, más del 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, aproximadamente el 60% de la población vive en pobreza y un 20% en extrema pobreza, contamos con un alto índice de corrupción y evasión y demás circunstancias muy particulares.

Lo anterior viene al caso, dado que esta nueva obligación fiscal surge como una medida para cumplir con los lineamientos establecidos por esta organización, para lo cual el SAT adquirió un software que le permite procesar la información solicitada y así verificar que los contribuyentes estén cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales y lo que es aún más grave, pretende sustituir la obligación formal por excelencia de los contribuyentes que consiste en la autodeterminación de las contribuciones, cosa que cada día lo vemos más claro y probable al presentar las declaraciones anuales que ya muestran información originada de las bases de datos de esa Institución, en Mi Portal es posible llevar la contabilidad, nóminas y determinar las contribuciones de los Contribuyentes pequeños inscritos bajo el régimen de incorporación fiscal (RIF), el buzón tributario que ya está en funcionamiento y que permite solicitar información, fiscalizar, generar requerimientos y revisiones de forma más expedita y otras más obligaciones que han surgido en últimos días como son la declaración contra el “lavado de dinero”, la declaración de operaciones relevantes, la nueva declaración de proveedores para efectos del IVA.

Es evidente, como lo comento, que en México se vive en demasía en la informalidad, la elusión y evasión fiscal la podemos ver por todos lados; podemos ver infinidad de personas y/o empresas no inscritas, outsoursing que al margen o no de la Ley, eluden y evaden el pago de impuestos, aquellas empresas que simulan y realizan planeaciones agresivas, pero que no obstante que son conocidas por todos, la Autoridad, o las consiente o no tiene la capacidad legal para enfrentarlas, pero que representan el grueso del problema y que con medidas como la Contabilidad Electrónica pretenden solucionarlo, afectando de manera desmedida a los mismos de siempre, a los que no tienen la capacidad administrativa, a los que les cuesta más cumplir.

Esta es una nueva forma de fiscalizar, aunque no esté “claramente” prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en una manera de allegarse de toda la información de la empresa y Contribuyentes para analizar, cruzar información y verificar si estas están cumpliendo.

Ya de facto, este mecanismo, ocasiona que al estar siendo visibles y la información, en la base de datos de la Autoridad, ya inhibe la realización de ciertas operaciones y obliga al Contribuyente a poner más atención en la información que se procesa contablemente y se presenta a través de los estados financieros y balanzas de comprobación.

Sin embargo, es evidente que viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo correspondiente a los requisitos que deben de cumplir las autoridades para molestar a los contribuyentes en su persona, papeles y posesiones, así como a los Derechos Humanos recientemente precisados en la misma, al vulnerar los derechos de confidencialidad y de libre ejercicio, tal parece que hemos perdido nuestra libertad de ser, estar y hacer, ahora resulta que a través de Google Earth, pueden ver en donde vivimos, a donde nos trasladamos, que hacemos, con quien salimos; actualmente el Municipio está vigilando vía satélite cualquier movimiento o cambio a nuestro patrimonio vigilándonos con motivos del pago del impuesto predial y ahora están pretendiendo meterse hasta la cocina de los negocios intentando conocer las operaciones, las ventas, las compras, los gastos, el personal, las operaciones relevantes, las operaciones con clientes y proveedores, las operaciones vulnerables de “lavado de dinero”, los depósitos bancarios y cualquier dato que vulnera el libre mercado, la libre competencia y la confidencialidad de sus procesos.

Lo antes dicho nos pone en un estado de alerta, de preocupación, desacuerdo y molestia, a todos los niveles y en todos los sectores, convirtiéndose esto en un desconcierto total, en donde unos Contribuyentes invierten su dinero y esfuerzo intentando cumplir con sus obligaciones en menoscabo de su patrimonio y crecimiento, otras prefieren el amparo en contra de estas disposiciones con el costo que esto representa y con la incertidumbre del resultado por los antecedentes ya conocidos en anteriores promociones masivas, otros que se encuentran imposibilitados de cumplir con estas disposiciones por contar con sistemas hechos a la medida que no es fácil ajustar y las que de plano deciden desistir y abandonar su ejercicio en la formalidad, dándose de baja afectando más la economía; algunos solo ganándole tiempo al tiempo en espera de algún cambio o accediendo a sistemas comerciales que permitan parcialmente cumplir con la obligación de presentar el catálogo y la balanza, sin pensar que en breve tendrán que presentar el resto de la contabilidad, como son las pólizas y además certificar esta información con algún proveedor autorizado.

Acepto que desconozco las intenciones de la Autoridad, en este caso el SAT o el Secretario de Hacienda, ya que estas disposiciones se están promoviendo y ejecutando de manera unilateral, porque seguramente ni los organismos empresariales y profesionales, participaron en ellas o estarán de acuerdo; desconozco si ésta postura tiene buenos propósito y busque coartar el incumplimiento y acercar a nuestro país a una era en donde podamos ser competitivos y acercarnos al promedio de los demás países que conforman la OCDE, romper con ese círculo vicioso en donde el Ciudadano no cumple con sus obligaciones fiscales, por lo tanto el Gobierno no cuenta con recursos para ejercer su presupuesto y en consecuencia no hay servicios públicos y al no haber éstos, pues termina en más incumplimiento, lo que en su caso resultaría elogiable para nuestros gobernantes y no obstante la incomodidad que esto ocasione, es permisible y aceptable, sin embargo, no son las formas más adecuadas de hacerlo, se debe atender la capacidad contributiva y administrativa de los ciudadanos y/o contribuyentes, ser empáticos en cuanto a la afectación personal y patrimonial, tomar en cuenta la situación política y económica y sobre todo los tiempos que no son los mismos que los del Gobierno.

Ojalá que las Autoridades puedan ser más sensibles a las necesidades de los Ciudadanos y/o Contribuyentes y antes de esto, dar confianza para que el Gobernado pueda atender el llamado a cumplir sin lamentos, enfrentando primeramente problemas como la corrupción, tráfico de influencias, planeaciones indebidas, seguridad jurídica, simplificación administrativa, correcta administración de los recursos públicos y cumplir con los principios básicos en materia de impuestos, como son los de equidad, proporcionalidad y legalidad.

Mientras tanto, al Gobernado, Contribuyente o Ciudadano no le resta más que hacer lo antes ya mencionado, cumplir en la medida de sus posibilidades, pero también manifestarse de la manera que le resulte más conveniente.

Presentar el amparo es una muy buena medida de manifestar la inconformidad en contra de estas disposiciones que vulneran a la persona y al patrimonio, pero también con la posibilidad de poder obtener alguna resolución favorable.

El mantenerse actualizado y asesorado debidamente es también fundamental, para que le permita cumplir con esta obligación de manera correcta y oportuna y de la manera que le permita continuar con su ejercicio, sin perjuicio de su patrimonio y sus intereses.