* Angel Noe De La Rocha Caro

El Procurador Fiscal de la Federación Dr. Carlos Romero Aranda, en reiterados foros ha manifestado su decisión de realizar un ataque frontal a la evasión fiscal y en específico a las empresas factureras, mencionando que “se les acabó la fiesta”; por lo que es importante conocer cuáles son las medidas que ha tomado, así como las consecuencias fiscales y penales que se tienen al respecto.

Precisamente cabe señalar que, se conocen como empresas factureras aquellas que se dedican al tráfico y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias; es decir, operaciones que se documentan pero en la realidad nunca llegan a existir.

Se estima que por el tema de compraventa de facturas existe una evasión fiscal que asciende aproximadamente a quinientos mil millones de pesos anuales, y que no solo ha sido utilizada para defraudar al fisco federal, sino también como un medio utilizado para sustraer de manera ilegal recursos públicos.

El tráfico de comprobantes fiscales se ha dado desde hace más de diez años, según lo ha afirmado la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez; sin embargo, es hasta el año 2014, cuando se establecen en las disposiciones fiscales figuras tendientes a evitar la compraventa de facturas, pues entre otras, se instruyó en el Código Fiscal de la Federación, un procedimiento para publicar en el Diario Oficial de la Federación a las empresas que expedían comprobantes fiscales sin estar localizadas, sin contar con activos, personal, o infraestructura, lo que posteriormente se le conocería como la “lista negra del SAT” y que tiene como consecuencia que los comprobantes que expidieron las empresas publicadas, no produzcan efecto fiscal alguno.

En la exposición de motivos que dio origen a la reforma fiscal del 2014, se menciona que el Servicio de Administración Tributaria tenía conocimiento de 316 empresas que facturaban operaciones simuladas, sin lugar a dudas, una cantidad muy alejada de la realidad, pues solo era la punta del iceberg, ya que actualmente el Servicio de Administración Tributaria ha publicado en la “lista negra” más de 9,000 empresas.

La autoridad desde ese año (2014), además de las publicaciones en la lista negra, implementó una serie de acciones para combatir a las empresas factureras, entre las cuales destacan las siguientes:

–       Tratar de identificarlas desde su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;

–       Supervisión de domicilios virtuales o múltiples;

–       Análisis de la materialidad de las operaciones en auditorias; y

–       Cancelación de la posibilidad de seguir emitiendo comprobantes fiscales.

Así, tenemos que el Servicio de Administración Tributaria ya había realizado algunas acciones para combatir el tráfico de documentos fiscales, mejor conocida como compraventa de facturas; sin embargo, a partir de este año, con la reforma fiscal-penal, y con las nuevas actuaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el combate al fraude fiscal ha sido diferente.

Efectivamente, ahora la Procuraduría ha implementado herramientas que existían en la Ley pero no se habían utilizado, por ejemplo, fincar responsabilidad penal a las personas morales, adicional a las personas físicas, además han denunciado a profesionistas que han participado en estos esquemas de defraudación fiscal.

De igual forma, tenemos que la recaudación que se hace por la Procuraduría Fiscal de la Federación en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, es muy distinta a la que se realizaba anteriormente, pues en caso de grandes contribuyentes, se ha destacado una coordinación activa entre autoridades.

Asimismo, otra inercia que se ha estado cambiando para perseguir los delitos de defraudación por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, es la firma de convenios con las Entidades Federativas, donde se establece una colaboración de intercambio de información entre autoridades federales y autoridades estatales, en la cual el estado de Chihuahua, fue el primero en firmar este tipo de convenios y siendo también el único Estado que ha aportado a la Federación, propuestas en materia de defraudación fiscal y ha afrontado de directamente este tema.

Además, en lo relativo a la reforma fiscal-penal publicada el ocho noviembre del año pasado, tenemos que el Código Fiscal de la Federación, ahora sanciona con prisión de dos a nueve años, la compra y la venta de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; incluso, si el importe de las operaciones que amparan esos comprobantes, rebasan la cantidad de $7,804,230.00, se equipara a delincuencia organizaday aplica prisión preventiva oficiosa. Situación similar se modificó en lo relativo a los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada.

Una Reforma fiscal-penal que sin duda ha generado muchas expectativas, incertidumbre, inquietudes e inconformidades, pero también una percepción de riesgo, que a decir de las autoridades, ha ayudado en el aumento de la recaudación, pues el propio Servicio de Administración Tributaria, ha presentado resultados que reflejan un aumento en las cifras recaudadas, no obstante que no hay un incremento considerable en los actos de fiscalización.

Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió emprender una campaña a través del Servicio de Administración Tributaria, para que quince grandes consorcios pagaran por lo menos 50 mil millones de pesos que deben de impuestos y por el momento según se ha informado, siete de esos consorcios han pagado cerca de 35 mil millones de pesos, lo cual puede ser que tenga relación con la percepción de riesgo a que se ha hecho referencia. De igual forma la Procuraduría Fiscal de la Federación ha obtenido ya más de diez mil millones de pesos en acuerdos reparatorios.

Son diversas las acciones y medidas que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha realizado para afrontar el tema de la evasión fiscal, acciones que deben realizarse sin que se violenten los derecho humanos y fortaleciendo el desarrollo económico del País, pues al mermar cualquiera de esas dos condiciones, se pierde legitimidad en la acción.

También, es importante mencionar que existen alternativas, para que en México haya empresas y empresarios de éxito, empresas sanas, sin la necesidad de acudir a esquemas agresivos de evasión fiscal, como a los que se ha hecho referencia. Algunas de esas alternativas ya han sido expresadas en anteriores ocasiones, en artículos publicados en este mismo espacio, los cuales puedes consultar nuevamente en la página electrónica www.achef.mx de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C.

Resta decir que, las acciones y medidas de la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra de la defraudación fiscal las estaremos analizando a fondo el próximo 24 de septiembre a partir de las 16:00 horas, en el evento anual de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, denominado: “RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO PENAL-TRIBUTARIO” donde tendremos la conferencia del propio Procurador Fiscal de la Federación, Lic. Carlos Romero Aranda, al cual están cordialmente invitados, tanto empresarios, profesionistas, como público en general.

Además, en el mismo evento se contará con tres conferencias adicionales impartidas por Asociados de la Academia, y una mesa de análisis, donde se expondrán tópicos de cual es la situación actual, y como migrar para tener finanzas y empresas sanas, empresas de éxito.

Lo anterior en un evento gratuito, transmitido vía Zoom y en vivo en diferentes redes sociales, al que te puedes inscribir en la siguiente liga: https://mytarjeta.com.mx/achef/empresa/

“Por el éxito de las empresas en México, con finanzas sanas.”

* Lic. y M.I. Angel Noe De La Rocha Caro.

Presidente de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales.