Por: Fernando Lechuga Díaz

“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada.”

Oliver Wendell Holmes, Suprema Corte de Estados Unidos de América

El pasado seis de junio se realizaron en nuestro País las elecciones intermedias, los resultados del sufragio generan una nueva configuración del poder legislativo y de los gobiernos en las entidades federativas. Predeciblemente de inmediato comenzaron las especulaciones políticas y económicas producto de la recomposición nacional de poderes. Los analistas estiman una expedita aprobación de los siguientes presupuestos económicos para la Federación, pero independientemente de los pros y contras de cómo se negocie el presupuesto, quedará por ver si los presupuestos incluirán un Federalismo Fiscal que fortalezca tanto a las entidades federativas como a la nación en su conjunto.

El Federalismo como tal se sitúa en la inmensa complejidad de un sistema de gobierno, solo cinco países en todo el mundo han adoptado un Estado que sea una República, Presidencial y Federal. Esto implica una responsabilidad compartida, visto de cierta manera, en lo general con el Gobierno Federal y en lo específico con las Entidades Federativas. Hay momentos en que los problemas que enfrenta el País son como una sola entidad, como lo son la seguridad, la educación, el crecimiento económico o el medio ambiente, sin embargo, hay otras situaciones que se enfrentan de manera regional, como cuando el problema del medio ambiente en una entidad es una inundación y en otra se presentan sequías o incendios forestales. La complejidad del Federalismo se pudiera ordenar entonces en distribuir dos grandes responsabilidades entrelazadas: la competencia o responsabilidad de cada uno de los actores de gobierno; y el recurso financiero para cada uno de dichos actores.

El Federalismo desde un orden jurídico se basa en un conjunto de principios que como fin llevan todas las acciones de gobierno a una sola función fundamental: la coordinación. Dicha coordinación principalmente emana de cómo se distribuyen las obligaciones de Estado entre los distintos órganos de gobierno. En otras palabras, cuando se planea una obra que beneficiaría a todo un país y tenga un impacto nacional se pudiera definir como una atribución deseable para el Gobierno Federal, por otro lado, si la obra pudiera ser solo de impacto local pudiera atribuirse a un Gobierno Estatal o incluso Municipal. En la actualidad el Gobierno Federal se involucra en un mayor número de funciones que las sugeridas por la literatura económica, tanto por funciones asignadas por la legislación como otras asignadas de facto. El Federalismo busca entonces una descentralización desde un área de responsabilidad, pero por consecuencia también mediante la transferencia de recursos.

Al hablar de la descentralización de recursos económicos entramos en el área del Federalismo Fiscal. El fin del Federalismo Fiscal es buscar que los tres niveles de gobierno participen tanto en la recaudación como en la administración de los recursos. La asignación de responsabilidades entre gobiernos debe considerar todas las herramientas a disposición de cada nivel gobierno, así es como se incide en la economía. La política fiscal impacta a toda una nación y al tomar en cuenta dichas propiedades del alcance del Gobierno Federal cierta centralización fiscal puede resultar recomendable, incluso inminente (por ejemplo, la recaudación de los impuestos sobre la renta y al valor agregado). Por consiguiente, la armonización entre todos los niveles conduciría a un manejo más eficiente y responsable de las finanzas públicas. La asignación óptima de las potestades tributarias debe de obedecer a criterios de equidad y eficiencia.

Pero ¿cómo migrar hacía un Federalismo Fiscal más eficiente, justo y efectivo?

La dependencia que tienen los municipios y las entidades federativas de los ingresos federales es muy importante y es uno de los principales problemas en la actualidad. Los ingresos propios que tienen las entidades federativas solo representan en promedio un 10% de sus ingresos totales, y ni siquiera es únicamente por su capacidad recaudadora, parte de ese ingreso corresponde a deuda. Como ejemplo, en México por concepto del Impuesto Predial solo recauda en promedio un 0.2% del PIB, mientras el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de un 2%, con países miembros que llegan a recaudar hasta el 5% y el 8%. En la actual Administración Federal, basado en un centralismo exacerbado, la federación se encarga de realizar la recaudación principal y después realizar la distribución de los recursos, y como versa el refrán “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

El Gobierno Federal centraliza cada vez más el gasto conforme avanza su administración, y la metodología de repartición no obedece a una justicia numérica. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) el monto del gasto federalizado previsto para Chihuahua en este ejercicio de 2021 tendrá un decremento del 6.6% (incluyendo Ramo 28 y 33).  En la última década el Estado de Chihuahua ha aumentado su recaudación neta por ingresos tributarios federales en promedio un 12.7%, sin embargo, de cada peso recaudado solo recibe en retorno el 0.74 en promedio, en contraste Chiapas y Oaxaca reciben casi 7 veces su recaudación en participaciones federales. El actual esquema de participaciones genera desequilibrios en las entidades más generadoras de riqueza y lo transfiera a entidades menos desarrolladas.

Pero la Federación no puede cargar con toda la responsabilidad de evolucionar hacia un Federalismo Fiscal más fortalecido, las entidades federativas deben de poner mucho de su parte y la tarea no es sencilla. Muchos de los Estados deben mostrar avances significativos en rubros como la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, el desarrollo de pesos y contrapesos en sus administraciones, la observancia en la contratación de deuda (Chihuahua y Nuevo León son de las entidades más endeudadas), avances en contabilidad gubernamental (la estandarización es fundamental para la toma de decisiones) y fortalecer aún más organismos como las Auditorías Superiores. Los Estados deben entender que el buen juez por su casa empieza, si se pretende una mayor participación en la distribución del presupuesto ésta debe sustentarse en una administración eficiente de los recursos y presentar resultados concretos.

Los Estados no podrán avanzar hacia una mayor participación en los recursos recaudados que administra la Federación si no entienden que, como entidades independientes, la aplicación de sus políticas fiscales tiene un impacto en el crecimiento. La manera en que se administre el gasto es importante, por ejemplo, el cambiar las erogaciones de gasto corriente por inversiones de capital. En el caso de Chihuahua el reducir el déficit fiscal demostraría una conciencia de crecimiento a largo plazo y consolidaría la disciplina presupuestal en una visión de sustentabilidad. Por último, los Estados deberán de perder el miedo al costo político de aumentar la recaudación fiscal en sus entidades mediante la potestad tributaria de aumentar los impuestos locales.

Tomará tiempo para que los gobiernos de las entidades federativas desarrollen credibilidad y obtengan una mayor participación de recursos de la Federación. Sin embargo, los Estados que comiencen a desarrollar una eficiencia fiscal, que no solo alcancen una mayor recaudación sino una administración eficiente del gasto público, tendrán una ventaja competitiva con respecto a los demás Estados. El pugnar por aumento en las participaciones federales será más fácil si proviene de una posición de un gobierno responsable de su política fiscal, que administre sus recursos eficientemente y genere prosperidad a su entidad, sin duda sería más fácil que solo extender la mano. El Federalismo Fiscal se fortalecerá de Gobiernos Estatales responsables, pero sobre todo si emana de una sociedad participativa que vigile y exija resultados, y que armonice todo lo que encierra la frase “cada pueblo tiene el Gobierno que se merece”.