Por C.P.C. Fernando Lechuga Díaz.

“Nadie se acordaría del buen samaritano si sólo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero”. Margaret Thatcher. Primera ministra del Reino Unido.

Miércoles 26 de abril, con 254 votos a favor y 209 en contra, la Cámara de Diputados votó el decreto por el cual aprueba la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Sin embargo, la eliminación de Financiera Rural es solo la más reciente de las acciones del Gobierno Federal en la desarticulación de los apoyos al campo mexicano. Desde el punto de vista presupuestal es solo una pifia más en una serie de eventos desafortunados que denota una evidente negligencia por parte del ejecutivo.

En la infancia de esta administración, el primero de los pilares en caer tuvo origen en el presupuesto de egresos de la federación (PEF) en 2019, a escasos días de iniciada la gestión. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2019 se le asignaron recursos por 73 mil 542 millones de pesos, de los cuales 3 mil 732 millones no fueron ejercidos al final del año; este subejercicio representó un 5% de los recursos que llegaron a tiempo al deteriorado campo mexicano. Para el siguiente año esta administración continuó con los golpes financieros, ya que para el PEF de 2020 se redujo en un 29.3% la asignación del presupuesto con respecto del año 2019, un inmediato segundo golpe con la disminución de recursos para el agro.

En aras de mejorar el interés por el campo mexicano, el Gobierno Federal establece el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024 (PEC-DRS). En el PEC-DRS se establecen tres objetivos prioritarios:

• Aumentar la producción de alimentos y de productos forestales en las localidades rurales.

• Impulsar medidas que favorezcan el ingreso de la población que vive en zonas rurales de México.

• Contribuir a la disminución de los índices de pobreza de las comunidades rurales.

No obstante, el reporte inicial en que se basa el PEC-DRS maneja cifras desalentadoras que resultan imperativo mencionar. El 94.3% de los establecimientos en México son microempresas, además de ser este sector el principal empleador del país. Nueve de cada diez productores en el sector agropecuario, forestal o pesquero son pequeños o medianos. Adicionalmente, la principal actividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en municipios rurales es el comercio al por menor con el 42.5% del total, no lo es así la producción rural. Sin embargo, el mayor problema radica en la competitividad: de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el País que reporta los niveles más bajos de productividad empresariales.

Con base en las cifras del PEC-DRS y sus objetivos comenzamos a ver incongruencias en el proceder de la administración federal. Por ejemplo, el Programa atribuye la dependencia alimentaria del campo a la apertura comercial y la creciente importación de productos básicos. Sin embargo, buscando contrarrestar el impacto inflacionario en el país, el Gobierno Mexicano exentó aranceles y apoyó la importación de diversos productos alimenticios desde 2022, relajando indispensables normas sanitarias. Cuando pudiera resultar evidente el apoyar el impulso del mercado interno buscando la autosuficiencia, el Gobierno Federal ofrece como solución la apertura comercial.

Adicionalmente en materia impositiva también se ha abandonado al campo. Con la eliminación de beneficios fiscales al sector primario y la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Por ejemplo, al quitar el beneficio de la exención al pequeño productor que buscando su crecimiento llegara a rebasar sus ingresos en más de $900,000.00. La flagrante ofensa se encuentra en el cambio de la regla 3.13.11 de la Regla de Resolución Miscelánea para el ejercicio de 2022.

Niega la exención de la siguiente manera: Originalmente la regla 3.13.11 publicada el 27 de diciembre de 2021 mencionaba que cuando los ingresos exentos de las personas físicas rebasaran los $900,00.00, éstas tendrían que pagar el impuesto “por la totalidad de los ingresos que excedan de la cantidad antes referida.” Para el 18 de febrero de 2022, la autoridad publica una modificación a dicha regla para, en caso de rebasar los ingresos exentos, se pierda en su totalidad la exención y se pague por todos los ingresos el impuesto, no sobre el excedente, quedando así: “deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda, por la totalidad de los ingresos obtenidos”. No hay otra exención en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que al rebasar el límite de la exención se pierda por completo y se pague sobre la totalidad del ingreso, solo existe para el productor menor del RESICO.

Tal vez no le fue suficiente al Gobierno Federal con restarle apoyo al pequeño productor desde el recorte y subejercicio presupuestal, también necesitaba que todo productor que rebasara ya un de por si reducido nivel de ingresos exentos se convirtiera además en un nuevo contribuyente. Esta administración busca que tiendan a desaparecer las exenciones, que el productor se quede sin ningún estímulo y además que dicha contribución sea destinada a una redistribución más justa en otros sectores productivos más necesitados que el campo mexicano.

Si esto no fuera poco, el Gobierno Federal eliminó el apoyo crediticio al campo a través de la desaparición de Financiera Rural. Y el problema no fue la degradación presupuestal que ya venía para este y otros organismos desde el PEF de 2023, el problema no fue que la justificación para eliminar la institución estuviera basada en una supuesta corrupción que nunca se ha probado, ni tampoco en una cartera vencida que se exacerbó dramáticamente en este sexenio; el problema fue que se eliminó a la institución financiera sin un remplazo que continúe oportunamente dando crédito al campo, el problema fue que con esto se eliminan los programas para apoyos al campo productivo, al campo que al financiarse busca la eficiencia para crecer y alimentar a toda una nación, no únicamente a una familia.

Todavía le resta a esta administración federal, al menos con respecto al campo mexicano, demostrar una congruencia entre su discurso político y las acciones que realmente realiza. Por lo pronto, en términos de asignación de recursos presupuestales, el discurso dista abismalmente de la realidad en el campo. Y si la eliminación de programas se justifica en evitar la corrupción e ineficiencias, es importante recordar el viejo adagio que dice que el gobierno no puede transferir riqueza más que a través de un cubo agujerado, siempre habrá fugas.

Una acción equivocada tras otra por parte del Gobierno Federal no puede tener un destino final esperanzador y el campo mexicano sufre las consecuencias de los desatinos. Se necesitan corregir los recortes y reconfiguraciones, las incongruencias e injusticias, al menos solo para alcanzar de nueva cuenta el rumbo de una estabilidad alimentaria. Se lo debemos a nuestros productores del campo.

Por el C.P.C. Fernando Lechuga Díaz, integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales A.C.